Desde el 16 de agosto del 2020, fecha en que fue juramentado como presidente de la República, Luis Abinader ha gobernado bajo un estado de emergencia que lo ha llevado, con o sin razón, a decretar varias veces el toque de queda.

El gobierno ha invertido sumas millonarias en la adquisición de vacunas para inocular a la población, sin que veamos resultados positivos, dado que el número de contagiados y muertes es creciente, aunque el Ministerio de Salud Pública no ofrece cifras creíbles de los contagios y fallecimientos.

Lo cierto es que hay confusiones sobre el plan de vacunación nacional y la efectividad de las vacunas, que muchos dominicanos se resisten a ponérselas, por falta de información precisa y convincente.No estamos opuestos al plan de vacunación nacional sino a todo el desorden que se ha creado en un país caracterizado por la improvisación y la forma incorrecta en que se maneja la información desde las instituciones gubernamentales.

El pasado 5 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la Ley Nacional de Vacunas en la RD. La misma establece, de manera gratuita y sin discriminación, la vacunación obligatoria de todos los ciudadanos “para evitar enfermedades que puedan ser prevenibles y erradicadas mediante la inoculación”.

Obviamente, muchos ciudadanos han cuestionado la obligatoriedad o no de la vacuna pues un amplio sector de la población se resiste a la inoculación.

Esta semana, los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte presentaron un proyecto de resolución apelando al presidente de la República para que “disponga la prohibición de entrada a lugares públicos y privados, y a otros sitios, a personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID-19”. La resolución también contempla que para poder usar el transporte público los pasajeros tienen que mostrar su tarjeta de vacunación.

El proyecto de resolución de estos dos senadores, comerciantes de la política de dudosa reputación como congresistas, es a simple vista dictatorial, dado que conculca ciertas libertades de los ciudadanos.

Lo preocupante es que la pieza legislativa restringirá el acceso de los dominicanos no vacunados a diferentes lugares públicos, mientras que más de cuatro millones de indocumentados haitianos se pasearán libremente por el territorio nacional, sin que las autoridades de Salud Pública estén seguras de que están contagiados y contagiando.Los haitianos residentes en ambos lados de la frontera han manifestado su oposición a la vacuna. Pero da la casualidad que cruzan la divisoria mientras en Haití se ha detectado un brote de la cepa brasileña del COVID-19.

Eso nos obliga a exigir que se mantenga clausurado el mercado binacional de Dajabón para evitar mayores contagios con el paso de nacionales haitiano presumiblemente portadores del coronavirus hacia este país.De nada sirve decretar la obligatoriedad de la vacuna en la RD, mientras los nacionales del vecino país andan sin ser vacunados por todos los rincones de la RD.El panorama es altamente confuso: imponer la dictadura de la vacuna a los dominicanos y no exigir a los nacionales haitianos la inoculación.

Todo parece indicar que detrás de la obligatoriedad de la vacuna lo que se mueve es un gran negocio que dejará ganancias millonarias a empresas particulares que se benefician con las licitaciones para importar medicamentos.

Dado que los congresistas no dan puntada sin hilo, quizás los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte busquen favorecer a amigos con empresas en lista de espera para licitar la compra de vacunas anticovid.Hay muchas formas de dictadura. Cada persona es libre y debe tomar conciencia del peligro que representa el contagio.